Yamile Gutiérrez advierte que operadores deberán prepararse para una nueva etapa regulatoria de los juegos de azar.

Santo Domingo.- Tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana, los operadores del sector deben iniciar un proceso de transformación ante exigencias regulatorias, tecnológicas y de cumplimiento, advirtió la abogada y especialista Yamile Gutiérrez.

A la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, Gutiérrez señaló los aspectos clave que los operadores deben evaluar desde ya:

Nueva estructura: Nace la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como ente autónomo de fiscalización.

Plazo de adecuación: Los operadores actuales tendrán un año para regularizarse, actualizar documentos y conectar sus plataformas tecnológicas.

Concesionarias de Lotería Electrónicas: Las loterías electrónicas con contratos estatales deberán sustituirlos por una nueva licencia en el mismo plazo de un año.

Transparencia corporativa: Se exigirá estricto control sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales.

Juegos de azar por internet: El juego online requerirá estrictos licenciamientos y controles contra operaciones no autorizadas.

Vigencia de licencias: Serán de 3 años para bingos; 5 años para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; y 10 años para casinos, bancas deportivas, licencias de tragamonedas y juegos de azar por  internet.

Juego responsable: Se imponen medidas de protección a menores y prevención de adicciones, incluyendo avisos obligatorios en los establecimientos.

"Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa", indicó la especialista.

El régimen sancionador constituye uno de los cambios que mayor atención debe generar entre los operadores. Ya no se trata únicamente de obtener una licencia, sino de mantener durante toda su vigencia un nivel permanente de cumplimiento, recordando que el nuevo marco contempla un severo régimen sancionador que va desde multas administrativas hasta penas de prisión de hasta 10 años para directivos y accionistas en caso de incumplimiento.

"No habrá verdadera transformación mientras cumplir la ley resulte más costoso que incumplirla. Quien cumple, opera; quien incumple, enfrenta consecuencias", concluyó Gutiérrez.