El recién juramentado director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, impuso un plazo de 30 días a los comandantes de la institución para que entreguen formalmente sus declaraciones juradas de bienes ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
La medida
La medida, emitida el pasado 22 de agosto a través del memorándum número 30267, establece como fecha límite el próximo 20 de septiembre. El incumplimiento de esta disposición conllevará la destitución inmediata del cargo, además de sanciones que incluyen la imposición de multas y la privación de salario.
“Eso está establecido, nosotros somos empleados públicos. Eso va en proceso, esperando que, en base al memorando, todas van a cumplir con eso”, expresó el mayor general Rodríguez García al ser consultado sobre el proceso.
Obligación legal y alcance
La exigencia abarca a los directores centrales, regionales y de áreas, así como a los oficiales en posiciones de mando operativo o administrativo, conforme a lo estipulado por la Ley 312-14 que regula el procedimiento de Declaración Jurada de Patrimonio. Los funcionarios deben reportar ante la CCRD su patrimonio, el de la comunidad conyugal, ingresos, cuentas bancarias, acciones en empresas y descripción de inmuebles.
Asimismo, la legislación aplicará para el exdirector de la institución, Andrés Modesto Cruz Cruz, y los integrantes de su equipo saliente, dado que la normativa cobija a quienes cesan en sus funciones públicas.
Régimen de consecuencias
De acuerdo con la normativa vigente, la omisión o el incumplimiento en la entrega del inventario patrimonial constituye una falta de tercer grado según la Ley 41-08 de Función Pública, castigada con la destitución inmediata.
Adicionalmente, el incumplimiento podría tipificarse bajo la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16) como desobediencia a la superioridad o infracción grave de deberes legales, lo que acarrearía suspensiones sin disfrute de sueldo de hasta treinta días, pérdida del derecho de ascenso por un año o multas equivalentes a diez salarios mínimos. El inspector general de la Policía, Martín Miguel Tapia, junto a los superiores inmediatos, estará a cargo de aplicar las sanciones correspondientes en caso de infracciones.
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