Deuda Dominicana: SENASA y las lágrimas

Por Marcos Martínez

Hoy el país entero grita ¡BASTA YA!. El caso SENASA–Operación Cobra, tal como ha sido descrito por
el Ministerio Público, ha colmado la paciencia ciudadana: se habla de US$350 millones desaparecidos
según la fiscalía, en lo que se señalan como posibles sobornos, contratos inventados y presuntos
desvíos de fondos en programas sensibles como Adulto Mayor.
En la primera audiencia, el principal imputado lloró desconsolado. ¿Lágrimas ahora? Las lágrimas que
realmente conmueven son las de miles de madres dominicanas que lloran cada día porque no hay
arroz en la olla, porque los salarios —estancados desde hace décadas— no alcanzan y obligan a
endeudarse para cerrar el mes.
Mientras el pueblo lucha por sobrevivir, la percepción ciudadana es que el dinero que produce con su
sudor termina —según múltiples denuncias y procesos históricos— en lujos y privilegios que no reflejan
el sacrificio del país. No solo se cuestiona a políticos señalados, sino también a empresarios que,
según investigaciones oficiales, habrían influido irregularmente en el uso de fondos públicos,
priorizando sus propios intereses por encima del bienestar nacional. ¿Dónde está la vergüenza
cuando el pueblo siente que paga un festín ajeno con hambre diaria?
Y esta indignación se agrava cuando se observa el crecimiento económico que nunca llegó al hogar
dominicano. Los datos del Banco Central no dejan lugar a dudas: en los últimos 30 años (1995–2025),
los dominicanos generaron US$2.5 billones en riqueza. El PIB pasó de US$25 mil millones a US$126
mil millones. Ese crecimiento debió traducirse en bienestar para todas las mesas dominicanas, pero la
mayoría no lo sintió. En lugar de mejoras sustanciales, la deuda pública escaló de US$3,800 millones a
más de US$61 mil millones. Hoy pagamos US$565 millones anuales solo en intereses, lo que
representa RD$34 mil pesos al mes por familia de cuatro personas, casi la mitad de la canasta
básica. Los ciudadanos cargan con el peso de un desarrollo que sienten que nunca llegó a sus hogares.
Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre el costo de estas prácticas en la vida del pueblo.
Diversos informes y análisis estiman que el país ha perdido cada año entre US$500 y US$850 millones
por prácticas irregulares, ineficiencias y decisiones cuestionadas a lo largo de décadas. En tres
décadas, esto equivaldría a entre US$15 mil y US$25 mil millones que no se transformaron en calidad
de vida para la población.
Con ese monto, el país pudo haber construido 7,500 escuelas modernas, 3,000 hospitales equipados,
13,000 km de carreteras nuevas, programas sociales estables y permanentes, y, sobre todo, aplicado la
tan reclamada indexación salarial que la ley exige y que los trabajadores esperan desde hace años.
No es solo un número económico: es la diferencia entre una familia con comida suficiente y una familia
viviendo al límite.
Seria legítimo preguntarse qué país tendríamos si esos recursos hubieran llegado a donde debían.
Un PIB “limpio” —sin pérdidas atribuidas a irregularidades históricas— sería hoy de US$150 mil
millones, unos US$24 mil millones más. La República Dominicana podría ser una nación con pobreza
cercana al 10%, con salarios promedios de US$12 mil al año, y con RD$12 mil pesos adicionales al
mes por familia. Cada peso mal administrado o desviado según denuncias públicas es un salario que
no se ajustó, un plato vacío, un servicio público que se quedó corto.
Frente a esta situación, resulta urgente avanzar hacia una ruta necesaria, y dentro de esa ruta
propongo la Ley “Patria Libre de Deudas”, una herramienta simple y contundente. Cada peso
recuperado de procesos judiciales o administrativos debe ir directamente a reducir la deuda pública,
depositado en un fideicomiso blindado. La recuperación ampliada de activos debe garantizar que bienes
y cuentas vinculadas a casos bajo investigación sean identificados, asegurados y —cuando corresponda
— subastados en 90 días. Un comité ciudadano permanente, con representantes de Hacienda, PEPCA,
sector privado honesto y sociedad civil, permitiría supervisión pública en tiempo real. Y una auditoría
continua, rigurosa y coordinada con Contraloría y PEPCA garantizaría que el país pueda cerrar de una
vez por todas el ciclo que tanto lo ha lastimado.
No pretendemos declarar culpables; para eso están los tribunales. Pretende señalar una realidad
sentida por el pueblo: 30 años de sacrificio sin recompensa proporcional. Los imputados lloran hoy

por las circunstancias que enfrentan en la justicia. Pero el pueblo lleva tres décadas llorando por
salarios insuficientes, servicios deficientes y un costo de vida insoportable.
¿Por qué lloran ellos, si ha llorado el pueblo durante 30 años?
Marcos Ant. Martinez.
18 de diciembre de 2025.