El Ministerio Público solicitó este jueves la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 11 agentes de la Policía Nacional, acusados de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de cinco hombres abatidos el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago.
Imputados en el caso
Los procesados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Argumentos del Ministerio Público
La medida de coerción fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución; la fiscal interina de Santiago Quirsa Milagros Abreu; y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos, ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
En la solicitud, los fiscales calificaron el caso como complejo, explicando que tras los hechos los policías ejecutaron acciones para ocultar evidencias y obstaculizar la investigación.
El Ministerio Público tipificó de manera provisional la conducta como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
Destrucción de pruebas
Según el expediente, los agentes llegaron a la plaza en tres vehículos —un Mazda, un Honda Civic y una Kia K5 de 2013—.
“Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas”, señala el documento, en presencia de un testigo que grabó la escena y a quien le quitaron el celular.
Además, los agentes habrían sustraído DVR de cámaras de seguridad y varios teléfonos de personas presentes, con el propósito de destruir evidencias. En un caso, incluso llamaron a un comerciante que tenía su negocio cerrado para que les entregara el dispositivo de grabación.
Investigación ordenada por la PGR
Tras el incidente, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó una investigación especial para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.
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