Mientras los hospitales públicos se desmoronaban, una red criminal con nexos directos al Palacio desvió más de 40 mil millones de pesos. ¿Por qué Luis Abinader no responde?
Por William Perdomo
Periodista | Analista político
Santo Domingo, República Dominicana.- La corrupción no siempre grita. A veces, susurra en contratos fantasma, en nóminas infladas, en clínicas vacías que cobran millones mientras los hospitales públicos se caen a pedazos. Eso es exactamente lo que ocurrió en el Seguro Nacional de Salud (SENASA): un saqueo silencioso, sistemático y brutal que dejó a la institución en bancarrota y a millones de dominicanos sin acceso a la atención médica que les corresponde.
Según investigaciones oficiales y reportajes periodísticos, durante al menos cuatro años, una red criminal operó dentro del SENASA, desviando recursos públicos mediante contratos irregulares, afiliados fantasma y clínicas privadas que nunca atendieron a un solo paciente. El resultado: un agujero financiero de más de 40 mil millones de pesos, el doble del escándalo de Punta Catalina, y un sistema de salud pública al borde del colapso.
Si Leonel Fernández y Danilo Medina fueron responsables de los actos de corrupción cometidos bajo sus gobiernos, ¿por qué Luis Abinader estaría exento? La lógica es elemental: el presidente es el jefe supremo del Ejecutivo. Si el director del SENASA era su amigo personal y su jefe de campaña del sector externo, Santiago Hazim, y si el saqueo se prolongó durante meses bajo su mandato, entonces la pregunta no es si sabía, sino cuánto sabía y por qué no actuó antes.
“O to' toro, o to' vaca”…. En la corrupción, no hay inocentes. Solo cómplices y responsables.
Abinader afirmó públicamente que desde 2024, es decir, desde el inicio de su segundo mandato en el poder, ya investigaba el caso. Eso implica que tenía conocimiento del desastre. Y aun así, permitió que Hazim permaneciera en el cargo hasta que el escándalo estalló en los medios. Eso no es negligencia. Eso es complicidad por omisión.
Los periodistas de investigación revelaron un dato escalofriante: solo el 30 % de los más de dos millones de afiliados al SENASA utilizaba efectivamente el seguro. El 70 % restante, más de un millón y medio de personas, eran “fantasma”. Afiliados inventados para justificar contratos, para inflar presupuestos, para robar con impunidad.
Mientras tanto, clínicas privadas contratadas por el SENASA, algunas sin médicos, sin camas, sin pacientes, recibían pagos millonarios. Una sola de ellas cobraba 66 millones de pesos mensuales. Sí, mensuales. Y no atendía a nadie.
En contraste, los hospitales públicos, abarrotados, desbordados, con equipos rotos y personal agotado, recibían apenas 9 millones de pesos al mes. No es casualidad que muchos estén en ruinas. Es el resultado de un saqueo calculado.
Crimen organizado con traje y corbata
Esto no fue un error administrativo. Fue crimen organizado con sello oficial*. Una asociación de malhechores que incluyó a funcionarios, empresarios y altos mandos del gobierno. Bajo la gestión de Hazim, un solo grupo empresarial médico se embolsó más de 9 mil millones de pesos al año. Recursos que debían salvar vidas terminaron en cuentas privadas.
Equipos médicos vitales, como tomógrafos, máquinas de biopsia y respiradores, quedaron inservibles por falta de mantenimiento. Mientras, los directivos del SENASA firmaban cheques a clínicas que solo existían en el papel.
Justicia o impunidad: la prueba de fuego para Abinader
Si Maxi Montilla y Alexis Medina fueron procesados por corrupción, ¿por qué los responsables del mayor robo a la salud pública de la historia dominicana siguen libres? ¿Por qué no se ha tocado a un solo cargo político de alto nivel?
La justicia no puede ser selectiva. O se aplica a todos, o no es justicia. El pueblo dominicano merece respuestas, no excusas. Merece cárcel para los culpables, no promociones. Merece transparencia, no cortinas de humo.
No se puede tapar el sol con un dedo. El presidente Abinader no puede lavarse las manos como Pilatos. Si sabía, y según sus propias palabras, sabía, entonces debe asumir su responsabilidad política. Y si no sabía, peor aún: porque eso significa que su gobierno estaba ciego, o peor, era cómplice.
Detrás de cada peso robado hay un paciente que no fue atendido. Un niño que no recibió su medicina. Un anciano que murió esperando una cama. Un médico que se rindió por falta de insumos.
El SENASA no quebró por accidente. Fue asesinado. Y sus verdugos aún caminan libres.
La historia juzgará a este gobierno no por lo que diga, sino por lo que haga. Y lo que debe hacer es claro: llevar hasta las últimas consecuencias a todos los involucrados, incluidos los que dieron la orden, los que miraron hacia otro lado y los que se beneficiaron en silencio.
La salud del pueblo no es un botín. Es un derecho. Y quien lo roba, no solo comete un delito: comete un crimen de lesa humanidad.
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