El acuerdo que sacude al país: honor, dinero y silencio en el caso de Maxy Montilla, cuñado de Danilo Medina

Cuando un familiar del expresidente confiesa un fraude de 50 mil millones, entrega su fortuna y delata a su propia familia… ¿es justicia o capitulación? La sociedad y el PLD cuestionan el pacto de la Pepca

​Por William Perdomo ✓

​Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de Wilson Camacho, encendió una polémica sin precedentes en la República Dominicana al firmar un acuerdo con Maxy Montilla —cuñado del expresidente Danilo Medina— por un fraude al Estado estimado en RD$50,000 millones en el sector eléctrico. Lejos de ser celebrado como un triunfo contra la corrupción, el pacto ha generado un tsunami de críticas desde múltiples sectores: juristas, analistas, ciudadanos indignados… y, paradójicamente, hasta dirigentes del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

​El acuerdo, que incluye confesión de culpabilidad, pago de RD$3,000 millones, desmantelamiento de 11 empresas y entrega de pruebas clave contra Alexis Medina —hermano del exmandatario y ya condenado por corrupción—, se presenta como un logro investigativo. Sin embargo, para muchos, es una rendición disfrazada de justicia: ¿por qué un implicado en un fraude de tal magnitud no enfrenta cárcel? ¿Por qué se le permite negociar su responsabilidad penal a cambio de dinero y cooperación?

​La respuesta institucional de la Pepca, que está subordinada a Yeni Berenice Reynoso, directora de la Procuraduría General de la República, —“es un acuerdo de colaboración eficaz”— choca frontalmente con el clamor social. Y el más duro de los críticos no es un opositor cualquiera: es el propio Danilo Medina.

​En declaraciones contundentes, el expresidente —quien ha mantenido un perfil bajo desde que dejó el poder— no solo negó cualquier relación cercana con Maxy Montilla (“apenas coincidimos tres o cuatro veces”), sino que cuestionó la esencia misma del acuerdo: “Él me dijo que entregaba sus bienes a cambio de tranquilidad. Le advertí que al hacerlo no solo cedía sus bienes, sino su honor y su dignidad, y eso no tiene precio”. Y remató con una frase que resonará en los tribunales de la opinión pública: “Un hombre inocente debe exigir demostrarlo ante un juez, no negociar con su honor”.

​Las palabras de Danilo Medina no solo distancian, sino que juzgan. Y en ese juicio implícito, se cuestiona la legitimidad moral del acuerdo. Si hasta el afectado —el cuñado del expresidente— prefiere el silencio y la entrega patrimonial antes que el juicio público, ¿qué mensaje envía el Estado? ¿Que el sistema premia la cooperación… pero castiga la inocencia que se defiende?

​Más allá del caso de Maxy Montilla, lo que está en juego es la credibilidad de la justicia dominicana. Si los acuerdos de colaboración eficaz se convierten en salvoconductos para quienes tienen qué entregar —y qué callar—, se erosiona la confianza en que todos, sin distinción, son iguales ante la ley.

​La Pepca tiene la oportunidad de aclarar: ¿es este acuerdo un precedente virtuoso… o una rendición estratégica que sacrifica el principio de proporcionalidad por resultados inmediatos?

​La sociedad dominicana, y hasta las filas del PLD, exigen respuestas. Porque cuando se negocia con el honor, no solo se juzga a un acusado… se pone a prueba el alma de la República.

Este caso trasciende lo judicial: es político, ético y simbólico. En un país donde la corrupción ha sido endémica, cada decisión de la justicia debe ser ejemplar… no conveniente.