Por William Perdomo ✓
La Major League Baseball (MLB) enfrenta serios cuestionamientos sobre la equidad en sus procesos investigativos tras revelarse las marcadas diferencias en el manejo de dos casos de apuestas que han sacudido al béisbol.
Mientras que este domingo 31 de agosto se anunció que los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz permanecerían suspendidos "hasta nuevo aviso", después de ser apartados de jugar desde julio, Shohei Ohtani continuó haciéndolo sin interrupciones durante la investigación del escándalo de apuestas que involucró a su exintérprete Ippei Mizuhara.
La investigación contra Clase y Ortiz comenzó cuando una casa de apuestas detectó actividad sospechosa en dos lanzamientos específicos de Ortiz durante partidos de junio.
Los sliders fuera de la zona de strike del lanzador dominicano generaron un interés inusual en las apuestas, lo que activó las alarmas del sistema de monitoreo.
La respuesta de la MLB fue inmediata y contundente. Ortiz fue suspendido el 3 de julio, apenas conocidos los primeros indicios de irregularidades. Semanas después, el 28 de julio, Clase —estrella cerradora de los Cleveland Guardians y líder de la Liga Americana con 47 salvamentos en 2024— corrió la misma suerte, siendo apartado del juego como parte de la misma investigación.
Ambos jugadores permanecen en licencia remunerada no disciplinaria, pero con una perspectiva desalentadora: no se espera que regresen al terreno de juego esta temporada. Para los Guardians, esto representa un golpe devastador en su lucha por clasificar a los playoffs, donde se encuentran a tres juegos del último puesto de comodín del joven circuito.
En marcado contraste, el manejo del escándalo Mizuhara-Ohtani siguió un protocolo completamente diferente.
A pesar de que el caso involucró más de 19,000 apuestas por un valor superior a los 300 millones de dólares —una cifra astronómicamente mayor que las sospechas sobre unos pocos lanzamientos—, Ohtani nunca fue apartado del juego.
El intérprete Mizuhara había estado robando sistemáticamente de las cuentas de Ohtani durante casi dos años y medio, realizando apuestas de hasta 100,000 dólares por partido. Sin embargo, tanto el gobierno federal como la MLB exoneraron rápidamente a la estrella japonesa, considerándolo únicamente una víctima de fraude.
Esta exoneración rápida contrasta notablemente con la meticulosidad aplicada al caso de los dominicanos, donde meses después de iniciada la investigación, la liga aún mantiene en suspenso a ambos jugadores "hasta nuevo aviso".
El testimonio de Matthew Bowyer, el corredor de apuestas que se declaró culpable de dirigir el negocio ilegal donde apostaba Mizuhara, añade una dimensión inquietante al caso. Bowyer expresó públicamente sus dudas sobre la versión oficial: "Creo firmemente que Shohei no juega, pero creo que conocía algún aspecto de la ruina con Ippei".
Más revelador aún es su comentario sobre la implausibilidad de mantener en secreto tal nivel de actividad: "Si es cierto que Ippei era el tipo, y que jugaba solo todo el tiempo, no sé cómo pudiste ocultárselo a tu mejor amigo, alguien con quien estabas casi las 24 horas del día. Eran inseparables".
La pregunta que surge naturalmente es por qué la MLB no aplicó el mismo estándar de precaución —suspender mientras se investiga— a Ohtani, considerando la magnitud económica del caso y las dudas expresadas por testigos clave.
La disparidad en el trato se vuelve más evidente cuando se consideran los antecedentes. La MLB ha demostrado una línea dura consistente con jugadores de menor perfil: Tucupita Marcano recibió suspensión de por vida por apostar 150,000 dólares en béisbol; el árbitro Pat Hoberg fue despedido por participación en apuestas deportivas; David Fletcher sigue bajo investigación por apuestas menores en fútbol americano.
Sin embargo, en el caso de mayor envergadura económica —donde desaparecieron 17 millones de dólares y se realizaron apuestas por 300 millones—, la estrella siguió jugando sin interrupciones.
Esta inconsistencia en los protocolos investigativos plantea serias interrogantes sobre los criterios que guían las decisiones de la MLB. ¿Se aplican diferentes estándares según la nacionalidad, el perfil mediático o el valor comercial del jugador involucrado?
Los casos de Clase y Ortiz, ambos dominicanos, versus el de Ohtani, la mayor estrella de las Grandes Ligas, sugieren la existencia de un sistema de justicia de dos niveles que podría socavar la confianza pública en la integridad del deporte.
Mientras la MLB busca equilibrar sus alianzas comerciales con casas de apuestas legales y preservar la integridad del juego, el manejo disparejo de estos casos expone fisuras preocupantes en sus procesos. La justicia deportiva, como la justicia en general, no solo debe ser imparcial, debe parecerlo.
El mensaje que envía la liga es claro pero inquietante: el estatus, la nacionalidad y el valor comercial de un jugador pueden influir significativamente en cómo se maneja su caso. Esta percepción, fundada o no, daña la credibilidad institucional de una liga que predica la integridad como su valor fundamental.
Los fanáticos del béisbol, independientemente de su nacionalidad, merecen la certeza de que todos los jugadores son tratados bajo los mismos estándares. Hasta que la MLB no aborde estas inconsistencias de manera transparente, la sombra de la parcialidad continuará oscureciendo el diamante.
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