Escándalo en Hacienda: RD$8.5 millones del erario público para defensa personal de Jochi Vicente

Nuevo ministro Magín Díaz enfrenta el reto de investigar el uso irregular de fondos estatales en beneficio del ex funcionario

Por William Perdomo ✓

Santo Domingo. – Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Ministerio de Hacienda tras revelarse que la institución destinó RD$8.5 millones del erario público para costear la defensa legal personal del entonces ministro Jochi Vicente Dubocq, quien se había negado deliberadamente a cumplir con una sentencia judicial que favorecía a los herederos de Pedro Rolando Cedeño.

Esta irregular utilización de recursos estatales constituye un claro acto de corrupción administrativa, ya que el Estado dominicano fue obligado a asumir los costos de un asunto estrictamente personal del ex funcionario, quien utilizó su posición de poder para trasladar sus responsabilidades legales individuales a las arcas públicas.

La contratación del abogado Cristóbal Rodríguez Gómez se realizó mediante el documento CCC.PEOR-2025-OOO, bajo la modalidad de "excepción por contratación directa", un mecanismo supuestamente reservado para obras científicas, técnicas y artísticas, evidenciando además una posible manipulación de los procedimientos de contratación pública.

El origen de la controversia judicial

La polémica se remonta a la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00193, emitida el 29 de abril de 2022 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó al Estado dominicano pagar RD$1,809,523,332.50 a los sucesores de Cedeño como compensación por la expropiación de ocho millones de metros cuadrados de terrenos en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia, ocurrida en 1975.

La negativa sistemática de Vicente Dubocq a cumplir con esta decisión judicial no solo constituye un desacato a la autoridad de los tribunales, sino que generó costos adicionales innecesarios para el Estado, que ahora debe enfrentar tanto el pago de la compensación original como los gastos legales derivados de la obstinación del ex ministro.

Justificación cuestionable

Pese a que el Ministerio de Hacienda no figuraba como parte demandada en el proceso original, un informe de la Dirección Jurídica de la institución, firmado el 10 de abril de 2025 por José Carlos Durán, intentó justificar la irregular contratación del abogado defensor. Este documento representa un intento de legalizar retroactivamente una decisión que claramente beneficia intereses personales con fondos públicos.

El abogado Rodríguez Gómez ya se ha presentado en audiencias como representante legal de Vicente, confirmando que los recursos estatales están siendo utilizados para defender los intereses particulares del ex funcionario en lugar de proteger los del Estado dominicano.

El reto para el nuevo ministro

Con la nueva audiencia programada para el 11 de septiembre de 2025 en el TSA, donde continuará el proceso por presunto desacato, surge una pregunta fundamental: ¿qué acciones tomará el nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, para investigar y sancionar este uso irregular de fondos públicos?

La administración actual tiene la oportunidad y la obligación moral de demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, iniciando una investigación exhaustiva sobre esta irregular utilización de RD$8.5 millones del presupuesto nacional para beneficio personal de un ex funcionario.

Este caso representa un ejemplo paradigmático de cómo algunos funcionarios públicos utilizan su posición de poder para transferir sus responsabilidades personales al Estado, convirtiendo las instituciones públicas en instrumentos de protección de sus intereses privados.

La ciudadanía dominicana espera que el ministro Díaz tome medidas inmediatas para recuperar estos fondos y establecer mecanismos que impidan que situaciones similares vuelvan a ocurrir, demostrando que la nueva administración tiene tolerancia cero con la corrupción en todas sus manifestaciones.