El Programa Desclasificado, conducido por la periodista Addis Burgos en CDN, reveló
una dura realidad que afecta a la ciudadanía: el sistema eléctrico dominicano se encuentra en
una crisis profunda y el gobierno actual ha demostrado su incapacidad para resolver los
problemas que lo aquejan.
En una entrevista con el ex Superintendente de Electricidad, Ing. Juan Gómez, quien
actualmente es Secretario de Energía del partido Fuerza del Pueblo (FP), se expusieron
las fallas estructurales del sistema. Gómez subrayó que las constantes quejas por las elevadas
facturas eléctricas y los interminables apagones reflejan el incumplimiento del gobierno de las
metas establecidas en el Pacto Eléctrico.
Desde finales de 2021 hasta mediados de 2022, la administración del presidente Luis Abinader
implementó tres aumentos tarifarios que incrementaron las facturas de los consumidores en
aproximadamente un 26%. No obstante, según Gómez, estos aumentos no deberían justificar
las elevadas sumas que los ciudadanos continúan denunciando en sus facturas, sugiriendo un
problema grave de facturación. Este fenómeno, atribuido al "redondeo" y a la facturación
estimada, está generando descontento, afectando la credibilidad de las empresas distribuidoras
y la capacidad del gobierno para supervisarlas adecuadamente.
Gómez también destacó que, en lugar de mejorar, las pérdidas técnicas y no técnicas de
energía han empeorado. En 2019, estas pérdidas rondaban el 30%, mientras que en algunas
distribuidoras han alcanzado un alarmante 60%, cuando la meta establecida para 2024 era
reducirlas al 19.1%. Además, los apagones continúan siendo una constante, agravando la
calidad de vida de los dominicanos.
El exfuncionario advirtió que la reforma eléctrica es urgente, pero mientras no se implemente,
los consumidores seguirán siendo los más perjudicados. La falta de actualización en los
contadores de energía y la práctica de lecturas manuales, que facilitan errores y distorsiones,
han generado una creciente desconfianza en el sistema eléctrico del país.
Con el incumplimiento de las metas acordadas y la persistencia de problemas que debieron
haberse resuelto hace años, queda en evidencia la incapacidad del gobierno actual para dar
respuestas efectivas a los desafíos del sector eléctrico, poniendo en riesgo no solo la
estabilidad energética, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones que
deberían proteger sus intereses.