Por Juan Lopez
stabilidad macroeconómica, paz social y política que, desde hace tres décadas, disfruta la República Dominicana, que suele ser referencia positiva para los países de la región es, inequívocamente, resultado de la madurez de nuestro liderazgo político que respeta la institucionalidad y gobernabilidad democráticas, lo cual es justo y necesario reconocer.
Los líderes de la oposición, principalmente de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), de representantes de organizaciones de la sociedad civil realizan su papel de contrapeso y equilibrio político ante las malas ejecutorias del gobierno del PRM-Abinader. Hacen una oposición decente y prudente, sin sobrepasarse y siempre apegados al marco jurídico legal que rigen la vida civilizada y pacífica del pueblo dominicano.
A través de los medios de comunicación y redes sociales, en sus asambleas internas y encuentros con diferentes sectores de la sociedad, los dirigentes de los partidos de oposición cuestionan las erradas políticas públicas que implementa el gobierno del PRM-Abinader, e inclusive presentando sugerencias específicas para que superen sus errores y favorezcan los mejores intereses del pueblo.
La calidad de vida del pueblo dominicano se deteriora vertiginosamente por la inseguridad ciudadana que campea por sus fueros, el altísimo costo de la vida, comprobado en los precios de los productos de la canasta básica familiar por encima de los 50 mil pesos y cuyo primer quintil supera los 30 mil pesos; mientras el salario mínimo promedio es inferior a los 20 mil pesos en el sector privado y en 10 mil pesos en el sector público.
El gobierno del PRM-Abinader se muestra incapaz de corregir el grave déficit del sistema eléctrico razón por la cual aumentan los odiosos apagones y los altísimos costos de las facturas eléctricas. Son múltiples las frecuentes quejas de los sectores vulnerables por las deficiencias y deterioros de los hospitales y por las carencias de equipos y de medicamentos esenciales.
En el gobierno del PRM-Abinader reinan las improvisaciones en los principales aspectos de la educación, lo cual se evidencia con el alto índice de la deserción escolar a nivel de la primaria y secundaria, la estrepitosa caída de la tanda extendida en las escuelas públicas, la gran cantidad de niños que se quedan sin cupo en cada año escolar y el despilfarro que están haciendo con los cuantiosos recursos económicos que, mediante el 4 % del PIB, el pueblo destina para la educación.
A esos inocultables problemas se agregan el alto índice de desempleo, el crecimiento de la economía informal que ya supera el 55 %, el caos y altísimos precios del transporte de pasajeros y de cargas. Por igual, la corrupción e impunidad están en auge, lo que se comprueba ante las indiferencias de la Dirección de Ética Gubernamental (DIGEIG) y del Ministerio Público cuando la Contraloría General de la Republica publicó, recientemente, resultados de auditorías a 28 diferentes instituciones del Estado con graves faltantes de activos que habían adquirido y numerosos pagos sin justificaciones documentadas.
Sin embargo, por la arrogancia y soberbia que caracterizan al funcionariado del gobierno, se ignoran y desprecian las oportunas y positivas sugerencias que, periódicamente, presentan los partidos de oposición e importantes organizaciones de la sociedad civil, para lo cual se “agarran y aprovechan” del control que el gobierno tiene del Congreso Nacional, Liga Municipal Dominicana, mayoría de los ayuntamientos, así como las indudables influencias que ejercen ante la Cámara de Cuentas de la República e importantes segmentos del Poder Judicial.
Esta objetiva descripción de los graves y numerosos problemas que están afectando la calidad de vida del pueblo, para los que el gobierno del PRM-Abinader se muestra incapaz, cansado y hasta ignorante, se justifica la marcha pacífica que realizará la Fuerza del Pueblo, el próximo domingo 29 de noviembre, en el Distrito Nacional.
Esta protesta pacífica, es contemplada en nuestra Constitución cuando establece que en la RD el Estado es social, democrático y de derecho que consagra como derechos fundamentales las libertades públicas, derechos de libre asociación, a las protestas pacíficas y el derecho a la vida.
Por lo tanto, en esta ocasión, convocamos a los dominicanos que se preocupan por el bienestar y la justicia social a participar activamente en la marcha pacífica del domingo 29, en la capital, para llamar la atención al gobierno del PRM-Abinader sobre los problemas que afectan la calidad de vida del pueblo.
Valiéndonos de nuestros derechos que nos otorga la Constitución; en orden y cívicamente, a participar en la marcha pacífica que convoca la FP para el domingo 29.
¡Apliquemos el “código 29” a los problemas económicos y sociales que afectan al pueblo! ¡La marcha pacífica y ordenada se justifica! ¡Marchemos!
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