La “galleta sin mano” de la JCE

Por JUAN LÓPEZ
Con el oportuno y preciso comunicado que (el 8-5-2026) publicó la Junta Central Electoral
(JCE) se le propinó una contundente y sonora “galleta sin mano” a la maniobra politiquera del
gobierno del PRM-Abinader, que pretende reducir en un 50 % la asignación económica a los
partidos políticos que disponen la Constitución y las leyes (33/18 y 20/23) del sistema político
y electoral vigentes.
Para los dominicanos, una “galleta sin mano” significa “silenciar o dejar sin respuesta a
alguien de manera elegante, sin violencia física.” Es una acción moral contra persona o
institución que actúa en forma equivocada, que ha mentido o ha actuado con arrogancia y
prepotencia. Veamos:
Como resultado final de un consejo de gobierno, el pasado 1ro. de mayo, los voceros,
orondamente, anunciaron la “implementación de un plan de austeridad para enfrentar la
crisis económica proveniente de la guerra de oriente medio”, para ahorrar RD$40 mil
millones.
Con una nueva manifestación de improvisaciones políticas; del paquete de medidas
aprobadas solo una tenía cifra y datos específicos: “¡Reducir en un 50 % la asignación
presupuestaria a los partidos políticos!”. ¿Ganaron aplausos o la galleta sin mano de la JCE?
Ante el reclamo formal de 24 partidos políticos, la JCE, en base a sus competencias, le
expresó su posición institucional al gobierno del PRM-Abinader, con estas expresiones:
“En el Presupuesto General de la Nación de 2026 se redujo la asignación de los partidos
políticos de un 0.25 % de los ingresos nacionales, como lo establece la Ley Orgánica del
Régimen Electoral, a un 0.12 %. La propuesta de reducir nuevamente dicha asignación
implicaría afectar la planificación financiera, organización, operativa, educativa y logística, así
como el cumplimiento de los gastos y compromisos que han contraído los partidos políticos,
con base en el Presupuesto General de 2026.”
La JCE, en su pertinente comunicado, también le agregó este sabio consejo: “las autoridades
competentes deben actuar conforme al marco constitucional y legal vigente, en respeto del
sistema democrático y las reglas preexistentes que garanticen la estabilidad del sistema de
partidos, la «sana y justa» competencia electoral, así como el cumplimiento de los fines
esenciales reconocidos a dichas organizaciones políticas en el artículo 216 de la Constitución.”
“Reiteramos, de materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en
los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la
contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en
el sistema de partidos”.
Después de evidenciada la maniobra politiquera del gobierno del PRM-Abinader, gracias a la
unitaria y firme actitud de la oposición política y de la “galleta sin mano” que le propinó la
JCE, nos preguntamos:
¿Continuará el gobierno empecinado en su maquiavélica propuesta de asfixiar
económicamente a los partidos de la oposición?. Abusando de su mayoría mecánica en el
Congreso Nacional ¿se atreverán a someter el proyecto de ley para reducir el 50 % de la
asignación constitucional y legal de los partidos políticos?
Esta reflexión es una sana y sincera sugerencia a los estrategas del PRM y a los asesores de
marketing político del gobierno para que usen el sentido común, la lógica política y el deber
que tiene el gobierno del PRM-Abinader de respetar la institucionalidad, el Estado social y
democrático de derecho. Porque no tienen facultades para interrumpir y mucho menos
perturbar  la paz social y política que, desde hace décadas, está disfrutando el pueblo
dominicano.

Al ser desenmascarada la trapisonda política  que se pretendía con la imprudente propuesta
de reducir el 50 % a la asignación económica de los partidos políticos,  porque hoy el PRM es
gobierno y mañana podría ser oposición, por la prudente y unánime acción  de los partidos de
oposición y por la “galleta sin mano” de la JCE.
También porque el PRM “disfruta” transitoriamente del “control” de los recursos del Estado y
de “otros ingresos de dudosos orígenes”;  ante esta nueva coyuntura no tienen más opción
que:
¡Dejar sin efectos la dañina intención de asfixiar económicamente a los partidos políticos,
utilizando la artimaña de una segunda reducción (de 50 %) inconstitucional e ilegal de la
partida presupuestaria que corresponde a los partidos políticos. ¡Más claro, ni el agua!