Santiago Hazim, principal imputado en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), solicitó junto a otros seis acusados a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la revisión de la medida de coerción que los mantiene en prisión preventiva por un período de 18 meses.
Los imputados interpusieron un recurso de apelación mediante el cual solicitan que la prisión preventiva sea variada por medidas menos gravosas, alegando que cuentan con suficientes arraigos personales, familiares y laborales que —según sostienen— garantizan su sujeción al proceso judicial.
La solicitud fue depositada ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, instancia que remitirá el expediente al tribunal de alzada, el cual deberá fijar fecha para conocer el recurso interpuesto por las defensas.
Imputados en prisión preventiva
Los siete imputados que cumplen prisión preventiva son: Santiago Marcelo Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Inicialmente, estos fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, pero posteriormente trasladados al penal de Las Parras, debido a la falta de espacio.
La solicitud de revisión se produce luego de que, en una audiencia marcada por alta tensión y manifestaciones en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera 18 meses de prisión preventiva contra siete de los diez imputados vinculados al caso, incluyendo a Hazim.
Acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público acusa a los implicados de integrar una presunta estructura de corrupción administrativa que habría estafado al Estado dominicano por un monto ascendente a RD$15,900 millones, mediante irregularidades cometidas en perjuicio del SeNaSa, afectando a más de siete millones de afiliados, en su mayoría personas de escasos recursos.
Durante el conocimiento de la medida de coerción, el órgano acusador presentó un amplio legajo probatorio, compuesto por más de 138 pruebas documentales, así como 35 pruebas testimoniales y periciales, con las cuales busca demostrar la participación directa de los imputados en el entramado fraudulento.
Entre las irregularidades presuntamente detectadas, el Ministerio Público destacó el caso de un paciente que habría sido sometido a más de cinco procedimientos de cateterismo innecesarios, con el objetivo de generar beneficios económicos indebidos.
Equipo acusador y otros imputados
El equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán, Alexis Piña, Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez.
A los imputados se les atribuyen delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos.
En el mismo proceso, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo recibieron medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario e impedimento de salida del país. En el caso de Acosta Sención y Pineda Perdomo, además, se les impuso una garantía económica de RD$100,000 a cada una.
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