La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 17 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán "Jochi"; y otros ocho implicados vinculados a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la operación Camaleón.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentaron acusación formal contra las diez personas físicas y siete empresas vinculadas a dicha red de corrupción y lavado, desmantelada durante la referida operación.
Entre los imputados figuran, además de Beras y Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del mismo organismo.
También fueron acusados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. A la lista se suman Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas imputadas son Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
El Ministerio Público explicó que la investigación recolectó pruebas sobre diversas líneas delictivas, entre ellas corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Estas irregularidades se habrían desarrollado principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Según el expediente, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a esas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, violando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El documento judicial señala a José Ángel Gómez Canaán como el eje central del esquema, manteniendo vínculos societarios, financieros y operativos con Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades habrían conformado un entramado criminal dedicado a la estafa al Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del país.
Cargos según la Procuraduría
José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, incluyendo el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Frank Díaz Warden presuntamente manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema, mientras que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red semafórica y falsificado certificaciones, mientras Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y habría participado en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje a la red semafórica. Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de Inprosol S.R.L., mientras Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán.
Henry Darío Féliz Casso habría operado como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos.
Respecto a las personas jurídicas, la acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica; PagoRD Xchange S.R.L. para la apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo; Industria Soltex Dominicana S.R.L. para operaciones de lavado y contrabando; y Dekolor S.R.L. para encubrir, desviar y manipular licencias.
Asimismo, Aurix S.A.S. habría sido empleada para espionaje y sabotaje tecnológico, Inprosol S.R.L. como vehículo financiero del esquema, y OML Inversiones S.R.L. para la adquisición de bienes inmuebles con fondos ilícitos.
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