Una historia de improvisación y déficit. ¿Cómo la nación que estaba casi lista para exportar energía ahora vive una crisis eléctrica que todos pagamos?
Por William Perdomo ✓
Periodista | Analista Político
Santo Domingo.- La República Dominicana vive hoy una paradoja energética que refleja décadas de decisiones erráticas y falta de planificación estratégica. Un país que hace apenas unos meses se vendía como futuro "hub regional de energía", con capacidad para exportar electricidad a Haití y Puerto Rico, ahora se encuentra oficialmente en "emergencia energética" según el Decreto 517-25, sin electricidad suficiente ni siquiera para satisfacer su propia demanda interna.
El déficit de generación que hoy castiga al sistema productivo dominicano no es producto únicamente de imprevistos técnicos, sino principalmente de fallas estructurales de planificación que han disminuido peligrosamente la capacidad instalada. Las prolongadas interrupciones del suministro eléctrico que azotan el territorio nacional evocan los peores momentos de la malhadada Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), como si las tinieblas del pasado hicieran un súbito y fantasmal regreso.
Una crisis anunciada
La situación actual era perfectamente previsible. Desde 2021, diversos análisis económicos advirtieron que en los años 2024 y 2025 habría una crisis de generación eléctrica que incrementaría los apagones, a menos que el gobierno acelerara la instalación de nueva generación eficiente. Las medidas recomendadas eran simples y viables: aumentar la capacidad de generación de energía base en 150 MW anuales para alcanzar un total de 450 MW que deberían haber estado disponibles en 2024.
Específicamente, se propuso instalar un ciclo combinado de 450 MW a gas natural en la zona comprendida entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente que combina la terminal de gas de Andrés, Boca Chica, y los 85 kilómetros de gasoducto instalados en esa región. Esta solución habría permitido suplir electricidad desde el primer trimestre de 2024 a precios competitivos.
Sin embargo, las autoridades del sector eléctrico ignoraron sistemáticamente estas recomendaciones. De manera irracional, optaron por una licitación que concentraba la mayor parte de las inversiones del sector privado en el proyecto de Manzanillo, consistente en tres bloques de generación de 400 MW cada uno y una terminal de gas natural, a pesar de las advertencias de que dicho proyecto no entraría en línea hasta inicios de 2026, en el mejor de los escenarios.
El legado de Punta Catalina desperdiciado
La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) había demostrado ser la solución más efectiva al problema energético dominicano. Entre noviembre de 2019 y abril de 2020, sus dos unidades incrementaron la oferta en 752 MW brutos, reduciendo los cortes al mínimo. Esta generación, suplida al menor costo variable de todo el mercado eléctrico con apenas 34.62 dólares por MWh, permitió que la mayoría de los agentes económicos dispusiera de electricidad las 24 horas del día.
Los beneficios económicos de Punta Catalina son indiscutibles: genera beneficios anuales de 550 millones de dólares al Estado dominicano, 250 millones en ganancias directas y 300 millones en ahorros para las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). Con estos recursos pudo haberse eliminado gran parte del déficit del sector eléctrico; sin embargo, errores en la gestión de las EDE colocaron en 2024 el déficit por encima de los 1800 millones de dólares.
La lógica indicaba que el gobierno debió disponer la construcción de al menos dos nuevas plantas de Punta Catalina, aprovechando el terreno y las infraestructuras existentes: puerto, subestación eléctrica, líneas de transmisión, depósitos de cenizas y almacenes de carbón. Solo con el dinero destinado a subsidiar el incremento en las pérdidas de las EDE se pudieron construir cuatro Punta Catalinas adicionales, logrando generación energética suficiente hasta 2030.
La solución de emergencia: costosa e ineficiente
En lugar de apostar por soluciones estructurales, el gobierno optó por contratar plantas altamente ineficientes y costosas como Siba Energy y Karpowership. Según el Boletín de Generación y Gestión de Energía de julio de 2025 del Ministerio de Energía y Minas, la primera tiene un costo variable de 140.07 dólares por MWh y la segunda de 106.53 dólares, cifras que contrastan dramáticamente con los 34.62 dólares por MWh de Punta Catalina.
La llegada de barcazas desde Cuba representa quizás el símbolo más elocuente del fracaso de la planificación energética dominicana. Estas embarcaciones, que operan con Fuel Oil 6 —uno de los combustibles más contaminantes del planeta—, están instaladas en la intersección de dos zonas de amortiguamiento de los parques nacionales Francisco Alberto Caamaño y Sierra Martín García. Ya en 2023 se registraron derrames de combustible confirmados por el propio Ministerio de Medio Ambiente.
El costo de esta improvisación es astronómico: producir un kilovatio con estas barcazas cuesta 10.7 centavos, más de tres veces lo que cuesta en Punta Catalina. La diferencia la pagan todos los dominicanos vía tarifa eléctrica o impuestos.
Un sistema condenado a la inequidad
El país parece condenado a unas relaciones contractuales sin equidad en el sector energético que solo garantizan permanencia de ingresos y rentabilidad a los generadores privados, mientras mantiene el hundimiento en déficit de las distribuidoras, demostradamente incapaces de salir de su agujero. El Estado muestra una antológica incapacidad para superar sus errores, autocriticarse y salvar a la sociedad de agudas insuficiencias en un suministro vital.
Este fracaso operativo presiona a las industrias y el comercio a utilizar masivamente plantas propias auxiliares, incrementando costos para todos, tragándose márgenes de beneficios y trasladando las consecuencias al costo de la vida de las familias dominicanas. La distribución de los apagones no es uniforme en el territorio nacional, dependiendo tanto de las condiciones técnicas de los circuitos eléctricos como de los niveles de facturación y cobranza que gestionan las EDE.
Las razones del fracaso
Si la solución siempre ha sido tan obvia, ¿por qué no se implementó? Las razones son fundamentalmente políticas. Primero, tanto se criticó a Punta Catalina en el pasado que el gobierno actual se convirtió en prisionero de su propio discurso electoral. Segundo, aumentar la generación mediante empresas públicas eficientes terminaría de romper el cartel de generación que por décadas ha afectado al país, pero eso implica afectar intereses particulares poderosos, generando fricciones que no todo gobierno está dispuesto a manejar.
La planta Generadora San Felipe I, un ciclo combinado a gas natural con capacidad de 467 MW, está contratada para operar a partir de diciembre de 2027, aunque es posible que esté lista desde mayo de ese año. De haberse iniciado su construcción a finales de 2021, habría estado suministrando electricidad desde 2024 a precios competitivos.
Un futuro incierto
El decreto de emergencia no se limita a la generación eléctrica. Habrá que observar qué otros elementos terminarán comprándose al elevado precio de la improvisación: baterías, contadores, subestaciones. Como regla invariable, toda compra improvisada resulta mucho más costosa que la compra planificada.
La emergencia del sector eléctrico es, en realidad, la emergencia de la falta de lectura de los estudios de previsión de demanda y la ausencia de planificación energética. No debe sorprender a nadie que una población y economía en crecimiento necesiten cada vez más energía, algo estimado en numerosos estudios realizados durante años. Pero cuando los funcionarios no leen los estudios ni actúan en función de ellos, se gobierna con el método de "esperemos el apagón y después resolvemos con emergencia", convirtiendo la improvisación en el modus operandi gubernamental.
En resumen, República Dominicana pasó de aspirar a ser "el hub energético del Caribe" a convertirse en el país que importa barcazas energéticas desde Cuba. Todo porque el gobierno decidió que, en lugar de planificar, prefería improvisar la generación eléctrica con decretos de emergencia. El legado de esta gestión será una electricidad tres veces más cara y un ecosistema marino deteriorado, mientras las familias dominicanas cargan con las consecuencias de décadas de decisiones erráticas en un sector vital para el desarrollo nacional.
La incompetencia en la planificación energética siempre tiene un costo, y ese costo lo paga toda la sociedad dominicana con apagones, tarifas más altas y un futuro energético hipotecado por la improvisación sistemática.
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