La promulgación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, mecanismo legal inédito en Venezuela, es "un arma poderosa para combatir a las mafias y a los corruptos", según expresó el presidente Nicolás Maduro, en el contexto de las investigaciones emprendidas por la Justicia venezolana para esclarecer presuntos crímenes contra el erario público.
Previamente, este instrumento legal había sido debatido y aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional en dos sesiones. Posteriormente, como toda propuesta de ley orgánica, pasó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró su constitucionalidad.
El pasado 28 de abril, en un encuentro con un grupo de diputados, entre los que se encontraba el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el mandatario venezolano agradeció la "celeridad y la urgencia parlamentaria" que se le dio a esta normativa, aprobada el pasado 27 de abril.
Maduro afirmó que esta es la "primera ley para golpear durísimo a las mafias corruptas" y agregó que "un grupete de corruptos y bandidos no pueden pretender manchar la Revolución Boliviana". "Es necesario sacudir los cimientos morales y éticos de la República", expresó.
Esta ley, que consta de 48 artículos, tiene como objetivo "establecer mecanismos" para identificar, localizar y recuperar los bienes y efectos patrimoniales "originados por actividades ilícitas" y llevar a cabo "la extinción de los derechos y atributos" de su dominio a favor del Estado, "mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna".
Las tramas de corrupción
La revelación de hechos de corrupción que han salpicado a altos funcionarios del Gobierno, autoridades locales y empresarios ha causado conmoción en el país y profunda revisión en las estructuras del chavismo, según han afirmado sus dirigentes.
Desde el pasado 17 de marzo, el Ministerio Público, por una petición de la la Policía Anticorrupción, inició los procesos contra una serie de exaltos funcionarios y empresarios señalados de cometer hechos irregulares en varios organismos públicos.
En total, según una entrevista televisiva hecha al fiscal general, Tarek William Saab, se han investigado y dictado condenas en 31 tramas de corrupción relacionadas con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Judicial, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela.
